Teddy Bautista ha quedado en el limbo. El presidente del
Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que se enfrenta a hasta 10 años de cárcel por apropiación indebida y administración fraudulenta, sigue en el cargo, pero no sigue. No cesa, pero sus funciones las va a asumir una comisión gestora encabezada por un "director externo e independiente". Mantiene su despacho, pero no se sabe si puede utilizarlo o no. Ni hasta cuándo lo tendrá. Nadie le ha pedido su dimisión, pero le han quitado el poder.
Cinco miembros de la junta directiva elegida el pasado 30 de junio -cuatro de la lista de Teddy Bautista y un editor musical- ofrecieron ayer una confusa rueda de prensa. No hubo espacio para la autocrítica por la falta de control sobre lo ocurrido durante más de 10 años en la Sociedad Digital de Autores y Editores, filial de la SGAE. La SDAE, según el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha sido el centro de una trama utilizada para desviar millones de euros de los fondos de los derechos de autor hacia las cuentas corrientes de su director general, José Luis Rodríguez Neri, y un grupo de familiares y amigos.
La junta directiva de la SGAE no protege ya a Neri, el único de los cuatro directivos imputados al que han destituido. A los demás les expresaron públicamente su "solidaridad" a pesar de la dureza del auto de Ruz en relación con Bautista, al que acusa de haber "consentido, autorizado e incluso impulsado" el entramado empresarial.
Anunciaron también que, en función de los resultados de la investigación interna, quizá se personen como perjudicados en el proceso judicial. Pero, de confirmarse las sospechas de Ruz, la trama criminal no era muy sofisticada. Neri, como director general, contrataba prácticamente en exclusiva con una empresa, Microgénesis. Era público y notorio que él había fundado la sociedad y que cuando la abandonó, dos años después de asumir su cargo de director general de la SDAE, esta quedó en manos de su socio y amigo Rafael Ramos.
Aun así, los miembros de la junta de la SGAE -los músicos Victor Manuel, Juan Carlos Caco Senante y Sabino Méndez, el dramaturgo Ernesto Caballero y el editor Juan Ignacio Alonso- fueron incapaces de responder a las preguntas sobre el control de las cuentas de la SGAE y si a la junta directiva le parecía razonable que el director general de su filial digital contratara en exclusiva con su exempresa; contratos aprobados por la junta y por los servicios jurídicos. Nada que decir al respecto ni por qué no se investigó nada tras la denuncia de 2007.
Los autores no se salieron del guión en ningún momento -"eso no está en el papel", llegó a responder uno de ellos a una pregunta-. Trataron de salir del trago pidiendo tranquilidad para que se lleve a cabo la investigación interna y quejándose del ensañamiento del que consideran ser objeto. Victor Manuel insistió, incluso después de leer el contenido de la resolución judicial, en que puede haber una "mano negra" y "mucho humo" detrás de la operación. Y todos rehusaron entrar en el fondo del contenido del auto de Pablo Ruz. "Somos autores, no abogados", respondió Caco Senante ante las preguntas concretas sobre los mecanismos de control que ejerce la SGAE. No quisieron hablar sobre derecho. Pero tampoco sobre algunos hechos.
Habían convocado una rueda de prensa a las 11.30 de la mañana. Pero la suspendieron a esa misma hora, con los periodistas ya en la sala, para estudiar el auto de Ruz, hecho público el lunes a medianoche. El comunicado que leyeron por la tarde trataba de explicar los próximos pasos que seguirá la junta. Pero no fueron claros sobre la situación de Teddy Bautista. Antes de que el escándalo salpicara a la SGAE, estaba previsto que el 12 de julio la junta directiva eligiera a sus cargos (presidente, vicepresidentes y directores de departamento) y nombrara a los nuevos miembros del consejo de dirección, cuyo presidente iba a ser de nuevo Teddy Bautista. En vez de eso, la junta va a nombrar una comisión rectora formada por cuatro autores, un editor musical y presidida por un "director externo e independiente" cuya identidad se desconoce.
Esta comisión, por un lado llevará a cabo una investigación interna sobre los hechos que se están investigando en la Audiencia Nacional. Por otro, en la práctica sustituirá al actual equipo de dirección, que queda "en funciones" pero sin funciones. La comisión actuará sin plazo determinado, hasta que concluya la investigación interna.
La resolución del juez cuestiona también las elecciones en las que fue elegida la actual junta. El principal implicado en la trama delictiva, Neri, era miembro de la comisión electoral. Ruz le imputa "gestiones concretas y actuaciones en favor de una de las candidaturas" -la de Bautista-. Sospecha que dificultó el acceso al censo de avales a la lista rival. Los miembros de la junta que comparecieron ayer fueron claros: las elecciones no se repetirán. Preguntado sobre si, entonces, las afirmaciones del juez eran falsas, Víctor Manuel respondió que no sabía si en algún momento Neri habría llevado a cabo alguna actividad ilícita, pero que certificaba la limpieza del proceso electoral.
Nos ocupa en este post hablar del importante rol que cobra la inteligencia colectiva en el día día de la labor del social media manager.
